Desde Venezuela, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Ante
las declaraciones realizadas por el Presidente de la República, Hugo Chávez, el
pasado 24 de julio, en las que anuncia la salida de Venezuela de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y considerando los acontecimientos que
llevaron a esta decisión, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz,
organización venezolana de defensa y promoción de los derechos humanos con más
de 28 años de trabajo a favor de numerosas víctimas de abusos policiales y
militares, expresa su posición al respecto, partiendo siempre de una premisa
fundamental, que es la búsqueda de la justicia y el respeto a la dignidad de
las víctimas.
La Red de Apoyo lamenta esta decisión del Gobierno
Nacional, la cual resulta en una limitación más a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos que quieran acudir a una instancia internacional en
la búsqueda de justicia y reparación, cuando no puedan acceder a ella en las
instancias nacionales o no se realice en un tiempo adecuado.
La salida de Venezuela de la
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será efectiva un año
después de entregada la denuncia de la Convención Americana Derechos Humanos
(Pacto de San José) en la Secretaría de la Organización de Estados Americanos
(OEA), la cual según declaraciones del Canciller Nicolás Maduro se hará en los
próximos días. Esta salida no puede
entenderse como negación de los derechos establecidos en dicha Convención ni
debiera menoscabar el ejercicio de los mismos, ya que sería un grave retroceso
en materia de derechos humanos y dichos actos serían nulos e inconstitucionales
de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A
partir del momento del retiro de Venezuela, el próximo año, la Comisión
Interamericana dejará de presentar nuevos casos ante la Corte, pero sin embargo
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) seguirá conociendo casos y situaciones de violaciones de
derechos humanos en el país, así como realizando informes sobre Venezuela,
emitiendo medidas cautelares o visitas al país, previo acuerdo o invitación del
gobierno. Asimismo, las personas u organizaciones pueden seguir presentando
peticiones o quejas a la Comisión para solicitar amparo a sus derechos humanos
y el Estado seguirá estando obligado a dar cumplimiento a las decisiones y a
las recomendaciones emanadas de la Comisión, o llegar a una solución amistosa
con los peticionarios para remediar la situación examinada por la Comisión. Todo esto mientras Venezuela no se retire
de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que la Comisión es un
órgano de dicha institución multilateral de la cual formamos parte desde su
fundación.
Ahora
bien, la Red de Apoyo lamenta igualmente la decisión de la Corte Interamericana
establecida en la sentencia del 26 de junio de 2012 en el caso “Díaz Peña
contra Venezuela”, que el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela señala como la causa final y definitiva para la decisión tomada, en
la cual, aun cuando la Corte considera incontrovertible el hecho de que el
señor Raúl Díaz Peña fue hallado culpable por un tribunal venezolano y
condenado a cumplir nueve años y cuatro meses de prisión -según sentencia
dictada el 29 de abril de 2008, debido a su participación en la detonación de
artefactos explosivos el 25 de febrero de 2003 en la embajada de España y el
consulado de Colombia en Caracas, hechos que produjeron tres personas heridas y
conmocionaron el país, así como que posteriormente se fugó sin cumplir su
condena refugiándose en los Estados Unidos de América, país que negó su
extradición-, falla en dicha sentencia contra el Estado venezolano sin
pronunciarse sobre las víctimas de las explosiones, a quienes no les otorga
ninguna compensación, ni sobre la negativa de Estados Unidos de extraditar a
este prófugo de la justicia, sino que al contrario ordena al Estado venezolano
otorgarle una indemnización equivalente a 15.000 dólares americanos (aproximadamente
64.500 bolívares) por considerar que las condiciones de reclusión y la falta de
atención médica especializada durante el tiempo de detención preventiva
contribuyeron al deterioro de la salud del señor Díaz Peña, convirtiéndose en
un trato inhumano y degradante, violatorio del derecho a la integridad personal.
La sentencia ordena también pagar 3.000 dólares americanos a la organización
Venezuela Awareness Foundation por representar a la víctima. Con esta decisión, la Corte parece ignorar
los hechos y las víctimas que dieron lugar al inicio del proceso penal y la
fuga del procesado; da la impresión de olvidarse de la justicia y la
universalidad de los derechos humanos para promover el terrorismo y la
impunidad. Contrasta en cambio la digna posición del también magistrado de la
Corte, Eduardo Vio Grossi (chileno) quien votó en contra de esta decisión, en
esta misma causa. En esta cuestionada sentencia se privilegia una presunta
víctima sobre otras y un presunto “derecho” imparcial sobre la justicia, la
lucha contra la impunidad y la prevención del terrorismo.
Consideramos
que los pueblos de América no pueden
olvidar los nombres de los jueces y las juezas que elaboraron esta sentencia:
los jueces Diego García Sayán (peruano), Manuel Ventura Robles (costarricense),
Leonardo Franco (argentino) y Alberto Pérez (uruguayo), junto con las juezas
Margarette May Maculay (jamaiquina) y Rhadys Abreu Blondet (dominicana). Así
como tampoco a los Comisionados Paulo Sergio Pinheiro (brasileño), José Orozco
(mexicano), Rodrigo Escobar (colombiano) y Felipe González (chileno); y a las
Comisionadas María Silva Guillén (salvadoreña) y Dinah Shelton
(estadounidense). Ellos y ellas, sin tomar en cuenta miles de casos y
peticiones hechas con anterioridad y de mayor gravedad a la de Raúl Díaz Peña, deciden
presentar este caso a la Corte, priorizando discrecionalmente este caso, debido
a sus intereses políticos por encima de otros como el de José Luis Palomares: joven
de 16 años muerto el 19-09-1987 debido a los maltratos recibidos y la falta de
atención médica en el “Centro Militar de Capacitación Petrolera para el
Adiestramiento de la Fuerzas Armadas Contra Almirante José Ramón Yépez”,
ubicado en Bachaquero, estado Zulia, a cuya familia acompañamos en el proceso
de búsqueda de justicia y, ante la impunidad imperante, acudimos a la CIDH el
18-04-1989 y, luego de 23 años de los hechos, 21 años de la denuncia presentada
a la Comisión, el fallecimiento de gran parte de la familia (sus padres) y cambio
de residencia desistieron del caso; se cansaron de esperar más de 20 años. Esta
Comisión decide archivar el caso el 23-03-2011 (Petición Nº 10.442).
Igualmente,
se priorizó de forma discrecional sobre el caso de Luis Miguel Villanueva
Ibarra, asesinado el 15 de diciembre de 1987 por funcionarios de la Dirección
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),en Maracay, estado
Aragua. Este caso se presentó ante la Comisión el 10-02-1989 (Petición Nº
10.315) y, luego de 23 años, la Comisión ni siquiera ha decidido archivar o
admitir este caso; o el del señor Freddy Alcarra, muerto a consecuencia de
golpes y torturas infringidas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial (CTPJ), el 28 de septiembre de 1993, caso denunciado ante la Comisión el 16-5-1996
(Petición Nº 11.647), el cual finalmente fue archivado por la Comisión el 14 de noviembre de 2005, 9
años después de presentada la denuncia, debido a que los familiares de las víctimas se cansaron de esperar debido
a la impunidad propiciada tanto por el Estado como por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Esperar 10 ó 23 años por una decisión de
admisibilidad de la CIDH no es justo, ni respetuoso de los derechos humanos de
las víctimas, menos aún cuando se privilegian unos casos y víctimas sobre
otras.
Desde el año 1996, la Red de Apoyo se ha pronunciado
y ha realizado propuestas para mejorar y contribuir en hacer el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos más justo y accesible a las víctimas y menos
discrecional y parcializado, destacando entre esas
propuestas la necesidad de las víctimas de poder acceder directamente a la
Corte sin pasar por el filtro político de la Comisión Interamericana y su
Secretaría, para lo cual la Corte debe tener una Sala de Cuestiones Preliminares
y una Sala de Apelaciones en caso de sentencias controvertidas.
La Red de Apoyo continuará acompañando a las
víctimas en su derecho a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales con el objeto de solicitar amparo a sus derechos humanos,
como lo estamos haciendo en el caso de José Francisco Matheus, terriblemente
torturado por funcionarios policiales del Estado Zulia, quienes luego de
secuestrarlo le causaron graves e irreparables daños físicos, sociales y emocionales
y quien desde hace más de 12 años (desde el año 2000) está esperando que cese la
impunidad impuesta por el Sistema de administración de Justicia y se realice el
juicio contra los funcionarios responsables de sus torturas y lesiones; así
como a Yean Manuel Mijares, también víctima sobreviviente de tortura por parte
de funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas en el año 2006, quien no
ha recibido una respuesta rápida y eficaz por parte de los tribunales en
Venezuela. Entre otros muchos casos.
La Red de Apoyo hace un llamado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, reiterando los ya realizados en 1996, 1997,
1998, 2008, 2009 y 2010, a emprender con seriedad y celeridad un proceso de
cambios para mejorar sus procedimientos, hacerlos más justos y transparentes. Sobre
todo tomando en cuenta las denuncias y peticiones que tienen más tiempo
esperando desesperadamente una decisión de la Comisión Interamericana y no priorizando otras que para la comisión
tengan un mayor significado político, así como que no se discrimine ningún tipo
de víctimas o países. Hacemos un llamado para que los informes sobre países se
realicen con equidad, con una mayor objetividad, rigurosidad científica y académica,
sin parcializaciones políticas, sin priorizar unos derechos y unas víctimas por
encimas de otras, reconociendo la universalidad, integralidad e
interdependencia de los derechos humanos; afrontando y corrigiendo sinceramente
las deficiencias, limitaciones y debilidades del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
La Red de Apoyo también hace un llamado al Gobierno
Nacional y, especialmente, al Presidente
de la República, a defender los intereses de las víctimas, especialmente de las
más pobres y humilladas; por ello pedimos que reconsidere la decisión del
retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsando
también propuestas para la transformación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, para hacerla más justa, transparente y accesible a las
víctimas. Es deber del Estado atender a las víctimas, ayudar a su
rehabilitación y a la reparación o indemnización de los daños causados.
Igualmente, el Estado debe impulsar la creación de mecanismos gran nacionales o regionales, en la
CELAC, UNASUR y el MERCOSUR que, a diferencia del Sistema Interamericano,
garanticen efectivamente la protección integral, universal y transparente de
los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y
al cual puedan acceder directamente mediante peticiones o quejas todas las
ciudadanas y los ciudadanos del país.
Caracas, 20 de agosto de 2012.
